Más de mil familias en Málaga recurren a servicios sociales para pagar la luz

14/01/2018

Las bajas temperaturas registradas en los últimos días, con mínimas bajo cero en el interior de la provincia y unas cotas más bajas de lo habitual en el litoral, han dejado cientos de estampas de malagueños disfrutando de la nieve y celebrando este escenario poco habitual en pleno mes de enero. La alerta por frío en la última semana ha regalado esa cara amable de puertas para fuera, pero también una realidad que aún hoy, cuando todos los indicadores parecen confirmar que lo peor del temporal económico ha pasado, pone sobre la mesa otras cifras que dejan helado. ¿Qué ocurre con los que aún no disponen de los recursos suficientes como para afrontar en sus casas estos días de frío intenso? ¿Cómo se apaña una familia con las facturas de la luz cuando sus cuentas apenas dan para lo imprescindible? ¿Y calentarse: dónde está esa línea que separa el derecho básico del lujo?

El Área de Derechos Sociales, Cáritas y Cruz Roja canalizan las ayudas para que no haya cortes de suministro, sobre todo en fechas clave

Contestar a todas estas preguntas implica hablar de pobreza energética, que los expertos definen como la situación que sufren los hogares que son incapaces de pagar los servicios mínimos de energía para sufragar sus necesidades domésticas básicas. Esta realidad tiene nombres y apellidos en la capital, donde más de mil familias se ven obligadas a recurrir a los servicios sociales para no caer en esa forma de pobreza. El pago de los suministros básicos como el agua y la luz –sobre todo en este último caso y en meses con temperaturas extremas por frío o calor– representa aún un reto inasumible para miles de malagueños si se tiene en cuenta que las familias que recurren a estas ayudas tienen una media de cuatro miembros.

1.039 prestaciones para pago de suministros aprobó el Área de Derechos Sociales en 2017. La cantidad asciende a 202.488,20 euros.

Las cifras dejan constancia de esta realidad: el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Cruz Roja y Cáritas, las tres entidades que acaparan la mayoría de demandas de este tipo de ayudas, siguen recibiendo a diario peticiones de ciudadanos que necesitan ese pago extra para que no les corten la luz. En concreto, las oficinas municipales dieron el visto bueno durante 2017 a 1.039 prestaciones sobre suministros eléctricos y de gas (994 con Endesa y 45 con Iberdrola) por una cuantía de 202.488,20 euros. Por distritos, las zonas más castigadas fueron Cruz del Humilladero (271), Palma Palmilla (125) y Puerto de la Torre (111).

Bases de datos cruzadas

La «buena noticia», en palabras de la directora general de Derechos Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga, Ruth Sarabia, «es que desde el año pasado puede decirse que en Málaga no se le corta la luz ni el gas a nadie que no pueda pagarlos». El acuerdo suscrito entre el consistorio y los suministradores de energía en 2017, explica, «nos permite que tengamos las bases de datos cruzadas y el momento en que se registra un impago y un aviso de corte de luz o gas se adelanta esa cantidad para que no se dé de baja el suministro». La situación es similar en el capítulo del agua, ya que desde hace tres años existe un fondo social de 500.000 euros para hacer frente a los impagos de Emasa y en 2017 se concedieron 813 prestaciones por valor de 214.896,65 euros (también en este caso los distritos más necesitados son Palma Palmilla –153–, Cruz del Humilladero –151– y Puerto de la Torre –105–). Este tipo de medidas, sumadas a la recuperación económica, dejan atrás datos dantescos como el de 2010, cuando casi 44.000 familias se quedaron si luz en la provincia por no pagar las facturas y más de 5.700 en la capital sufrieron cortes de agua.

813 expedientes recibidos del Fondo Social de Emasa en 2017 por un importe total de 214.486,65 euros.

Los datos que maneja Cruz Roja van en la misma línea y constatan que a lo largo de 2017 cerca de 1.400 personas se beneficiaron de las ayudas contempladas en su proyecto ‘Atención urgente a necesidades básicas’, puesto en marcha en 2015 y cuya financiación el año pasado fue posible gracias a la aportación del IRPF (163.000 euros) y una ayuda de la Fundación La Caixa (24.000). La cifra de 1.400 personas atendidas es más abultada en este caso porque las subvenciones no sólo se destinan al pago de suministros básicos (60-70%), sino también a otros capítulos como alimentación o higiene. Los responsables del proyecto insisten, sin embargo, en que uno de sus objetivos básicos es huir del asistencialismo y, junto con la ayuda económica, ofrecen al usuario las herramientas necesarias para salir de la exclusión a través de talleres específicos. «La primera factura siempre se paga independientemente de las circunstancias, pero para seguir recibiendo la prestación hay que hacer estos talleres», sostiene la técnico responsable del programa, Mercedes Martín, quien también avanza un dato preocupante en cuanto al perfil del ‘pobre energético’ que llama a las puertas de Cruz Roja para recibir ayuda: «Casi todas son mujeres, con dos o tres niños a su cargo, y de familias desestructuradas».

Ése es también el desolador retrato sobre el que Cáritas ha alertado desde que la crisis comenzara a hacer estrados en la provincia. La institución diocesana tampoco discrimina en ayudas para paliar los efectos de la ‘pobreza energética’, y entre las 9.885 que concedió en 2016 se incluye tanto el pago de la vivienda como el de los recibos de luz y agua. La razón la aporta el director de Cáritas Diocesana en Málaga, Francisco José Sánchez Heras, poco partidario de la «parcelación» porque, a su juicio, «hablar de la pobreza energética es ocultar parte de una realidad más global que es la de la pobreza en una familia». «Lo importante es garantizar que un hogar tenga cubiertas todas las necesidades básicas», añade.

Cruz del Humilladero y Palma Palmilla son los distritos con más ayudas en el pago de suministros

Sea como fuere, el esfuerzo para que ningún hogar quede desprotegido en el capítulo energético se traduce en Málaga en un trabajo en red de estas tres entidades, de modo que el primer trabajo de campo lo hacen los servicios sociales del Ayuntamiento para determinar cuáles son las necesidades. En este sentido, no es extraño que las familias acogidas a estos programas compatibilicen las ayudas de unos y otros: ocurre por ejemplo, explica Sarabia, cuando a la oficina municipal llega el aviso de un corte de suministro inmediato. «En ese momento tramitamos la prestación urgente, pero esto tarda unos cinco días y si la baja va a ser en uno o dos días se adelanta el dinero a Cáritas o a Cruz Roja para que ellos hagan el pago. Lo más importante en estos casos es evitar el corte porque luego el reenganche es más caro», añade.

El bono social

La creciente dificultad a la hora de pagar los suministros, sobre todo en los años más duros de la crisis, ha cristalizado en medidas como el bono social eléctrico, es decir, el descuento del 25% en el recibo de la luz que pueden solicitar los hogares más desfavorecidos. El Gobierno aprobó el pasado mes de octubre el real decreto que regula las condiciones del nuevo modelo en sustitución del anterior: las familias con rentas bajas, en riesgo de exclusión social, los pensionistas de mínimos o las familias numerosas pueden acogerse a esta forma de pago reducida, que según los datos actualizados por Endesa beneficia en la provincia a un total de 117.464 clientes de los casi 900.000 con que cuenta. Para aproximarse a la cantidad exacta de personas en riesgo de pobreza energética, habría que detraer por ejemplo de esta cifra las 19.475 familias numerosas que hay registradas en la provincia, ya que muchas reciben la ayuda por su condición de numerosa y no por renta. Aún así, el dato de las personas que necesitan una ayuda extra para que sus cuentas y facturas no tiriten sigue dando que pensar.