Adiós al último oasis de la Costa del Sol

Ha sido un ejemplo. Miles de personas de familias numerosas y renta baja, además de mayores y discapacitados, han pasado por sus instalaciones para disfrutar de vacaciones en la Costa del Sol desde los años 60. Y su significativa arquitectura, con 200 apartamentos e instalaciones auxiliares que incluyen comedores y zonas deportivas, fue clave para su inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. La Residencia de Tiempo Libre de Marbella buscó, en pleno franquismo, democratizar el turismo entre la clase trabajadora. Hoy, tras dos años clausurada, va camino de la privatización. Su propietaria, la Junta de Andalucía, ha firmado un convenio con el Ayuntamiento marbellí para recalificar sus 200.000 metros cuadrados —que dejarán de ser públicos— y permitir que se duplique su edificabilidad. Ello ha alertado al mundo de la arquitectura que no entiende el ataque a una de las joyas de la Costa del Sol en lo que la oposición define como “operación especulativa” del Partido Popular, según la portavoz de Por Andalucía en el Parlamento regional, Inmaculada Nieto.

Oficialmente denominada Ciudad Residencial de Marbella, el recinto fue inaugurado a principio de los años 60 tras ser promovido por la Obra Sindical de Educación y Descanso. Los arquitectos Ángel Cadarso del Pueyo y Manuel Aymerich diseñaron un espacio moderno con casas adosadas y bungalows entre bosques y áreas de ocio. A ocho kilómetros del centro marbellí, fue uno de los primeros proyectos urbanísticos del entorno junto a otros como el Marbella Club. Y su baja densidad, así como el modelo racionalista que siguió, consiguió “preservar los valores naturales de este tramo del litoral”, como subraya Mar Loren, profesora de la Universidad de Sevilla, en su artículo El derecho al descanso del trabajador. Los apartamentos más cercanos al mar se alejaron de la playa para respetar el ecosistema de dunas existente entonces y, ahora, tras décadas de urbanismo salvaje, es prácticamente la excepción en el muro de hormigón y ladrillo que se ha convertido la Costa del Sol.

La parcela de la también llamada Ciudad Sindical está en primera línea y es un caramelo para el sector turístico. Consciente de ello, la Junta de Andalucía decidió cerrarla en 2023, después de que allí se hayan alojado miles de personas que optaban a las plazas mediante un sistema que daba prioridad a familias de rentas bajas, familias numerosas, jubilados, pensionistas, personas con discapacidad y empleados públicos. Su clausura formó parte de un plan de abandono —según denunció el sindicato CSIF— que hizo lo propio con otros cinco residencias similares distribuidas por Cádiz, Almería, Huelva y Granada con la excusa de que costaban mucho dinero. Un “agujero económico” que rondaba los 15 millones anuales según la consejera de Empleo, Rocío Blanco, quien dijo hace un año que tampoco había demanda para las plazas que ofertaban. Los 341 trabajadores de estos residenciales fueron reubicados en otros puestos de la administración. “No tiene sentido que la Junta de Andalucía gestione villas turísticas”, contó después la consejera de Economía, Carolina España.

La propia España ha firmado ya el convenio con el Ayuntamiento de Marbella que permitirá dos movimientos clave. Por un lado, recalificar la parcela: pasará de ser equipamiento público a tener uso hotelero. Por otro, aumentará su edificabilidad: de los 24.000 actuales a 54.000, más del doble. El acuerdo compromete a la administración andaluza a impulsar “los trámites técnicos y administrativos necesarios” para que todo ello se convierta en realidad y, de hecho, ya ha presentado ante el municipio el estudio de ordenación para que se produzcan ambos cambios. Mientras, el Consistorio se compromete a conseguir que cada cambio “sea posible” a cargo del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, en plena redacción. Acabados los trámites, la idea de la Junta es sacar el residencial a concurso en modo de concesión. Es decir, que una empresa privada se haga cargo de la gestión a cambio de pagar un canon que rondaría los cuatro millones de euros anuales durante los próximos 75 años. “Es una de las joyas que tenemos en la provincia y una forma de hacer una buena gestión del dinero público”, insistió España hace justo un año.

Denuncia ante la Fiscalía

“La consejera tiene razón. La Junta no está para gestionar villas turísticas, pero es que la residencia es un equipamiento público y ahí sí tiene sentido que lo hagan. Durante muchos años el espacio ha prestado un buen servicio a muchas personas”, lamenta Javier de Luis, miembro de la asociación ecologista Malaka, que ha denunciado el acuerdo ante la Fiscalía. Entre otros argumentos, la organización cree que el acuerdo firmado entre las administraciones pretende “saltarse” la tramitación y que no respeta el marco urbanístico vigente. Además, subraya que el objetivo último no es poner en valor las instalaciones para seguir facilitando a la clase media unas vacaciones en Marbella, sino más bien “su monetización pura y dura”. “Se convertirá en otro hotelaco más”, denunciaba estos días la portavoz de Por Andalucía en el parlamento andaluz, Inmaculada Nieto. El PSOE apunta directamente al presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, porque “pone los intereses mercantiles por encima de los intereses sociales”, según dijo Isabel Pérez, diputada y portavoz socialista en Marbella.

El grupo socialista ha puesto sobre la mesa el debate de que el recinto sea utilizado para impulsar viviendas en régimen de alquiler que permitieran cierta relajación del enloquecido mercado inmobiliario marbellí o incluso que sirviera para alojar a sanitarios del hospital Costa del Sol, con muchos problemas para encontrar piso en la zona a precios razonables. El PP local siempre se ha negado. También la Junta de Andalucía, que considera que el uso hotelero es el que “mejor obedece” a reforzar el valor del inmueble como “fuente de empleo”, el que “más contribuye al desarrollo económico y social” de Marbella, es el más acorde con la tipología del inmueble y permitirá un incremento para la Hacienda Pública, según fuentes de la Consejería de Economía.

El proyecto para privatizar la Ciudad Residencial de Marbella también ha puesto en alerta a los especialistas en arquitectura. Primero porque creen que cualquier iniciativa que se haga en el espacio —inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico desde 2006— debe preservar los edificios ya levantados (aunque en los últimos años ya ha sufrido modificaciones). Y, segundo, porque creen que las nuevas construcciones deben ir acorde al resto. “No sé cómo lo van a hacer: si no es demoliendo será no terminando de entender la idea del proyecto”, explicaba el arquitecto Daniel Pinzón en una conferencia en la Universidad de Alcalá de Henares a finales de marzo. “Esta ciudad siempre ha estado pensada para dar un servicio, no para ganar dinero”, añadía mientras su compañera Mar Loren se preguntaba: “¿Qué va a pasar con el uso social en un entorno privado?”.

“No tenía demanda porque no tenía mantenimiento: la gente no se va de vacaciones a un sitio ruinoso”, añade por su parte Manuel Aymerich hijo, que ha emprendido una batalla personal por la defensa del patrimonio de su padre y cree que la Administración ha dejado morir el recinto para ahora tener la excusa de privatizarlo. “Era un oasis y se lo quieren cargar”, añade. Eso sí, hay quien cree que todavía tiene salvación: “La parcela es lo suficientemente grande como para permitir que se haga algo con sensibilidad, de dos o tres alturas máximo, pero construir en altura sería un disparate en ese paisaje”, afirma por su parte Sebastián del Pino, arquitecto que realizó hace años un informe del recinto para la prestigiosa fundación Docomomo.

Fuente: El País de Andalucía