Ahora explica cómo el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, promete hasta la saciedad e incluso aprueba dos veces en pleno el traslado de esta EBAR para después decirle al Defensor del Ciudadano, al Defensor del Pueblo y al propio vecino afectado que esta acción es “inviable” porque supondrían “unas obras costosísimas”.
SEGÚN el Defensor del Ciudadano, órgano competente de la Diputación de Málaga, la queja del vecino de Jaboneros, Manuel Hijano, “está fundada”. En una carta que remitía este cargo al propio vecino, el defensor consideraba que esta estación ilegal, contigua a un domicilio privado, atenta a “principios rectores de la política social y económica recogidos en nuestra Constitución en los artículos 45 (derecho al medio ambiente adecuado) y 47 (derecho a una vivienda digna y adecuada)”.
EL Defensor del Pueblo, que actuó como intermediario entre Hijano y el propio Consistorio, también llamó la atención a la corporación local sobre la controvertida EBAR. El traslado de la estación, según el Ayuntamiento, es “inviable” por tres motivos: está sub iudice (en un proceso legal, en este caso, el contencioso administrativo que comenzó el propio Manuel Hijano contra el Ayuntamiento) y los costes para llevar a cabo la intervención son altísimos (porque supondría corregir el trazo de todo el colector que sigue la costa y que asciende el curso del arroyo Jaboneros, contraviniendo recomendaciones y directrices de la propia empresa de aguas). El tercer motivo es que su traslado “implicaría trasladar el daño a otros vecinos” y no paliarlo.
ESTOS motivos no son suficientes para el Defensor del Pueblo, quien ha requerido al Ayuntamiento más información. Los motivos tampoco son suficientes para este vecino, que lleva denunciando el problema de esta estación desde 2005. Hijano ha visto cómo el alcalde, después de prometerle en agosto de 2009 que se tomarían medidas con la estación de bombeo, y después de aprobaciones unánimes de dos mociones que exigían el traslado de la misma, dice ahora que la EBAR no se mueve porque supone un alto coste para el que “no existe financiación”. Hijano lo tiene claro: “el adjetivo costosísimo deja de tener virtud a partir de que el segundo evacuador Gerente de EMASA ha cobrado en los últimos cinco años de los presupuestos de esta Empresa Municipal de Aguas la cantidad de 659.798 euros”, manifiesta. Tampoco después de haber aprobado dos mociones en 2011 y 2013 al hilo de este traslado prometido.
PRIMERO fue el grupo municipal socialista. La concejala Begoña Medina planteó en la sesión plenaria del 31 de marzo de 2011 el traslado de la polémica Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) que se sitúa en el margen oriental del arroyo Jaboneros. Esta EBAR está construida sobre parte de una parcela que los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) designan como zona verde desde los años 80. También el actual PGOU (de 2011) establece esta parcela como tal, por lo que la estación incurre en irregularidades e incumple artículos de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA). Esta primera moción presentada por el PSOE fue aprobada por unanimidad. El exconcejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, en el debate de esta moción, ya consideró que existía acuerdo. “Todos coincidimos y todos estamos de acuerdo en que la estación de bombeo hay que trasladarla”. A pesar de este consenso, no se hizo nada.
DOS años después, fue el grupo municipal de Izquierda Unida el que llevó a pleno la controversia por esta estación de bombeo. La concejala Ana García Sempere expuso esta moción, también aprobada por unanimidad en el pleno del 29 de abril de este año.
A pesar de las promesas y de las mociones aprobadas, ahora el Ayuntamiento y EMASA dicen que no hay dinero para el traslado de la EBAR. Manuel Hijano mantiene con el Ayuntamiento un contencioso administrativo desde hace siete años y el mes pasado demandó al mismo alcalde, al que acusó de responsable de la inundación de su casa a causa de un fallo eléctrico de la citada EBAR. Esta EBAR, tal y como ha informado EL OBSERVADOR (ver relacionadas), se levanta en zona verde e infringe el Plan General de Ordenación Urbana vigente y varios artículos de Ley por construirse a tan poca distancia de un domicilio privado, además sin licencia.
ESTA revista ha intentado buscar una respuesta por parte del Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Málaga sobre esta controversia. No la ha encontrado
